Estas son las propuestas de gobierno de Rodolfo Hernández

Una de las acciones más recurrentes por parte de la militancia y representantes del Pacto Histórico para descalificar la candidatura de Rodolfo Hernández, es decir que Rodolfo Hernández no tiene ideas claras para resolver lo que ellos consideran, las problemáticas a atender en este periodo presidencial que arrancará el próximo 7 de agosto.

Por lo anterior, Cundinamarca en línea a condensado las propuestas de Rodolfo Hernández en los diferentes ejes de desarrollo social, humano y territorial, que presentamos a continuación:

A. Educación

Reformar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad Educativa de forma que se implementen mejoras continuas, orientadas a una gestión eficiente en todos los niveles del gobierno e instituciones educativas, como sujetos del cambio a partir de la adopción de procesos de descentralización que transfieran responsabilidades administrativas y financieras a las instancias locales. Así mismo, vincular la calidad educativa en el área rural. Desde esta propuesta, la calidad es entendida como proceso y no solo como fin.
Pasar de una medición cuantitativa de títulos o diplomas a un análisis cualitativo de los docentes y formadores en general; una medida que analice el verdadero impacto de la labor docente. Por consiguiente, el país requiere profesores formados con autoridad pedagógica, pensamiento crítico y solidario.
Mejorar el monitoreo y rendición de cuentas de todos los actores del sector educativo para implementar medidas integrales y no parciales.
Impulsar la educación media vocacional acorde con las necesidades del país. Hay que enseñar oficios muy solicitados y que se hayan convertido en excelentes opciones de trabajo con alta demanda, de manera que aquellos jóvenes que no alcancen a entrar a la universidad estén capacitados para ocupar las vacantes técnicas que hoy ofrece el mercado laboral. Esta iniciativa se puede desarrollar articuladamente con la empresa privada, de manera tal que se eduque para el empleo, de acuerdo con las necesidades de la misma empresa privada y atendiendo las particularidades de cada región.
Trabajar para llevar la deserción escolar al 0 %. Pese a que la pandemia no permite establecer cifras reales de este fenómeno, nuestro compromiso es examinar acciones que nos permitan alcanzar 0 % en el número de estudiantes que abandonan sus estudios (preescolar, primaria y bachillerato). Para lograrlo se requiere establecer la jornada única en todos los colegios públicos, con alimentación y transporte garantizados.
Incrementar los cupos de ingreso a las universidades públicas de manera que se transforme el sistema de admisión actual; todos los estudiantes deben tener la posibilidad de cursar el primer semestre y continuar siempre que alcancen un nivel mínimo exigido, de tal forma que esos primeros meses sean en la práctica el examen de ingreso a las instituciones del Estado. Nuestro propósito es alcanzar una cobertura del 100 % en educación superior y para lograr dicho objetivo se invertirá en la construcción de más centros educativos superiores, empezando desde las regiones más apartadas y pobres del país; se aumentarán las transferencias a las universidades y se promoverá una norma que les permita a las entidades territoriales el uso de las regalías para financiar el pago de profesores y subsidios de matrículas a estudiantes.
Quitarle el manejo de las universidades a los políticos para entregárselo a los más reconocidos académicos, intelectuales y pensadores, de manera que tomen la reserva moral como principal arma y proyecten la transformación de la humanidad, sin ocuparse de responsabilidades administrativas. Las instituciones contarán con gerentes que se hagan cargo de la administración mientras los académicos se encargan de los programas, investigaciones y desarrollos curriculares.
Diseñar e implementar un sistema de evaluación de todos los agentes educativos para mejorar la práctica pedagógica a partir de programas pertinentes de formación integral. Para alcanzar tal fin, es necesaria la ampliación de capacidades, habilidades y conocimientos significativos. Así mismo, se deben evaluar las políticas y programas que aporten fundamentos al diseño y puesta en marcha de planes de mejoramiento dirigidos al cambio.
Mejorar las condiciones de bienestar de los docentes hacia una dignidad de la labor que incluya una revisión profunda del sistema de salud. La escala salarial, las becas para estudios de extensión y el apoyo en transporte con especial énfasis en los maestros rurales. Esta meta exige revisión y transformación del sistema de escalafón actual, y la vinculación formal de docentes con mejores sueldos, para reducir las prestaciones de servicios, sobre todo en la educación superior.
Estrechar los vínculos con el sector productivo para mejorar las condiciones de empleabilidad de sus profesionales. Las universidades no deben competir con sus propios egresados en el desempeño de labores para las que fueron formados, por ejemplo, en el campo de las consultorías. Es necesario, vía legal, reducir la opción que tienen actualmente las universidades de firmar convenios para realizar consultorías, en especial con el sector privado. Igualmente, se promoverá el emprendimiento a partir del fortalecimiento de la triada Universidad – Estado – Empresa.
Incentivar, por todos los medios disponibles, la investigación científica, para que el país aumente la generación de patentes.
Mejorar el monitoreo y rendición de cuentas de las instituciones de educación del país, empezando por las nacionales.

Condonar progresivamente las deudas de los estudiantes con el ICETEX, aplicando inicialmente tres filtros:

Estudiantes activos, con el fin de evitar la deserción.
Quienes hacen parte de los estratos 1 y 2.
Quienes obtengan los mejores promedios.

Complementar esta política de ayuda otorgando subsidios directos de 20 mil pesos diarios a quienes vivan a más de 50 km. Esto disminuirá la deserción y mejorará la calidad de vida estudiantil, la cual a su vez dejará de ser una carga para la familia.
Con una educación superior cubierta al 100 %, el ICETEX pasará a ser una entidad que financie con préstamos a bajos intereses, solo la educación de aquellas personas que deseen estudiar en universidades privadas y/o extranjeras.

B. Salud (Enfoque preventivo)

Vía normativa, garantizar el pago oportuno a los prestadores del servicio, lo cual significa eliminar los costos financieros que asumen las IPS y las ESE por cuenta de la morosidad.
Diseñar un modelo de control de precios a partir de un Sistema de Análisis de Precios Unitarios aplicable a todos los procesos de prestación de servicios de salud, de manera que los costos no se salgan de un rango de utilidad aceptable con reglas de juego claras.
Dar atención a toda la población, sin que importe el régimen al cual pertenezca. Esto implica la eliminación de los regímenes existentes actualmente.
Garantizar que el recurso humano en salud sea necesario y suficiente. Hay que acabar con la dificultad en el acceso a las especializaciones médicas, ubicando médicos a partir de un sistema de méritos y generar subsidios de manutención temporal (crear la bolsa de financiamiento por ley estatutaria), para evitar el ingreso de especialistas extranjeros al país que homologan sus títulos sin mayores requisitos.
Recuperar la red pública hospitalaria y orientarla a la prevención. Aumentar el número de hospitales y centros de atención en salud y, por tanto, la cantidad de camas de servicios general y especializado.
Crear un modelo de medicina familiar, centrado no solo en la necesidad, sino también en la responsabilidad del paciente mismo, en consonancia con el mandato constitucional que establece en el artículo 49 de la Constitución que: “Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad”. Esto se puede aplicar, por ejemplo, en aspectos como el control del índice de masa muscular, de manera que todo colombiano conozca sus índices corporales para orientar la salud pública y la actividad física hacia lo preventivo. El médico dedicado a cada familia llevará un registro constante de sus condiciones médicas para una intervención oportuna y de calidad. Sin embargo, es deber de todo ciudadano ayudar con el cuidado de su salud, por tanto, los programas públicos se encargarán de medir los niveles de obesidad e incentivar la actividad física como parte de los tratamientos.
Profundizar la política nacional del control de precios a la industria farmacéutica, construyendo una base de datos sobre el valor real de los medicamentos con referencia a los indicadores internacionales. A esta iniciativa se le debe acompañar con un avance que incentive la producción nacional por parte de los laboratorios, para lo que resulta pertinente el compromiso del Gobierno con la siguiente propuesta.
Invertir en ciencia y tecnología con un criterio competitivo para estimular la industria nacional de medicamentos. En línea transversal, los convenios que se realicen con el sector empresarial para el apoyo a la investigación científica deben tener un capítulo especial en ciencia y tecnología aplicado en la industria de los medicamentos. Como resultado de esta labor, se deben abaratar los costos de los medicamentos y recuperar la producción de vacunas, lo cual se hace necesario a la hora de enfrentar las crisis sanitarias; la del Covid-19 es un ejemplo.
Desarrollar un censo de adictos a sustancias alucinógenas en clave de salud pública. Partiendo de la perspectiva de que las adicciones son enfermedades crónicas, se hace necesario cambiar el enfoque en el tratamiento y crear centros de atención para adictos. En estos centros, con el acompañamiento de profesionales expertos y la atención integral, se aplicarán procedimientos controlados de las sustancias psicoactivas a las personas adictas, evitando con ello la condición de indigencia y los riesgos que corren al tratar de conseguir sus dosis en las llamadas ‘ollas’. Este programa es una base fundamental en el control del Estado de sustancias psicoactivas y es un aporte diferencial y novedoso en la lucha contra el narcotráfico. Le quitaremos los consumidores a la droga y a las mafias del negocio.
Establecer políticas para la contratación del personal médico, que contemplen eliminar la intermediación de las EPS, cooperativas y cajas de compensación que han precarizado el empleo que genera el sector. Es necesario el aumento de los salarios del personal de salud con el fin de mejorar sus condiciones de vida. Se trata de reducir al máximo el número de contratos de prestación de servicios del personal médico, para procurar una vinculación laboral estable, con mejores salarios y con todas las prestaciones sociales.

C. Vivienda

Ejecutar un programa nacional de vivienda rural que incluye la creación de aldeas rurales integrales, es decir, con servicios habitacionales completos; este programa que debe comenzar por las costas del Pacífico y continuar por la Atlántica, antes de abordar el interior del país. En esta iniciativa se deben implementar paneles solares y pozos sépticos y debe incluir Centros de Acopio de Bienestar, que provean salud y educación, entre otros servicios. Este proyecto tiene como propósito cerrar la brecha de la pobreza rural desde un enfoque integral, el cual desarrolla habilidades para la vida comunitaria, solidaria y asociativa. Esta iniciativa se hará de acuerdo con el nuevo concepto de Vivienda de Interés Cultural, VIC.
Las viviendas familiares tendrán un área mínima de 60 metros cuadrados, con una estructura prefabricada para generar empleo desde la “autoconstrucción”. Con esto se evita desplazamiento a las ciudades y, en cambio, se estimula el retorno al campo.
Para las ciudades se harán diseños de vivienda digna. Según la ONU-Habitat, la vivienda adecuada es un derecho humano internacional, “considerado como un derecho a vivir en paz y dignidad en alguna parte”. En cumplimiento del anterior mandato, el programa de vivienda estará en capacidad de solucionar necesidades básicas en un lote de 72 m2 (6×12), cuya construcción se va expandiendo progresivamente hasta 126 m2, dándole respuesta a la costumbre de integrar las nuevas familias bajo un mismo techo. Dentro de esta iniciativa resulta fundamental construir soluciones ubicadas en zonas céntricas, así resulten más costosos los terrenos, de manera que las familias tengan fácil acceso a sus trabajos y centros educativos.
Diseñar un plan de incentivos para el ahorro e inversión en vivienda nueva. Esto debe fortalecer el acceso a la vivienda formal en todos los segmentos de la población, con especial énfasis en el campo.
Fijar incentivos asociados a la habilitación de suelo (bajo los criterios de planificación de los POT) para los municipios y distritos que cumplan las metas, según requisitos, parámetros y criterios que defina el gobierno nacional.
Trabajar de la mano de los municipios para gestionar las tierras necesarias. Generar un instrumento de habilitación ‘fast track’ de tierras para los proyectos de vivienda.

D. Saneamiento Básico

Avanzar hacia la cobertura universal en servicios de agua potable y saneamiento básico, mediante un ambicioso programa que priorice las inversiones del gobierno central en esta área y optimice el proceso de transferencia a los entes territoriales, priorizando el sector rural.
Poner en primera línea de las acciones en materia de contratación al saneamiento básico. Se trata de orientar la inversión hacia esos rubros, pues muchos alcaldes cuando hacen gestión ante el gobierno central para obtener presupuesto, proponen desarrollos suntuarios a pesar de no tener cobertura universal de agua y alcantarillado en sus municipios.
Modernizar la gestión en empresas de servicios públicos con baja capacidad técnica y económica. Establecer por única vez la puesta en marcha de un convenio tripartita entre la Nación, el ente territorial y sus empresas de servicios públicos (en caso de no existir, ayudar a su creación o en su defecto incluir al ente territorial en los nuevos convenios, para la construcción de la nfraestructura que se requiera y que garantice la prestación de los servicios públicos de forma continua y con alta calidad, tanto en las zonas urbanas como rurales.
Promover y fortalecer la asociatividad territorial, para abordar problemáticas conjuntas de saneamiento básico de manera práctica en municipios cercanos; lo anterior conforme a lo dispuesto en la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012 que regula la institucionalidad de la asociatividad de los entes territoriales.
Modernizar el ejercicio regulatorio por parte del Ministerio de Vivienda y la Comisión de Regulación de Agua Potable, incorporando a dicho ejercicio variables ambientales, tecnológicas y sociales.
Incrementar el gasto en infraestructura en acueducto y alcantarillado, con el requisito previo de la modernización empresarial por parte de los eventuales oferentes de los procesos contractuales.
Asegurar el tratamiento de aguas residuales empezando por las cuencas más críticas del país. En concordancia con la política ambiental, el cuidado del agua y la biodiversidad exige que nuestro gobierno logre el 100 % de cobertura en las zonas rurales en tratamiento y manejo de aguas residuales.
Exigir la construcción de plantas de tratamiento en cada boca de agua que vierte contaminantes a los ríos e incentivar la eficiencia en el tratamiento. Pagar únicamente por litro tratado de acuerdo con el modelo exitoso implementado en la Comunidad Económica Europea.
Para dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales y tratados internacionales, según las cuales el Estado debe garantizar “el derecho de todos de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal o doméstico” (Sentencia T – 740 de 2011 de la Corte Constitucional), en materia de agua potable y el acceso a ella, nuestro gobierno buscará la expedición de normas tendientes a defender el agua, y la principal de ellas tendrá como objeto el exigir a las entidades territoriales adecuar sus EOT o POT, según corresponda, a la protección de las fuentes hídricas, priorizándolas incluso por encima de los procesos económicos, tales como la explotación minera y de hidrocarburos.

E. Familia (Política de Subsidios)

Analizar una figura de Renta Básica concentrando en un solo pago familiar todos los subsidios existentes de acuerdo con la clasificación del SISBEN IV, eliminando todas las entidades que intermedian y haciendo el pago a través de una tarjeta de cero costos del Banco Agrario.
Formular una política pública de familia con enfoque poblacional para los próximos veinte (20) años. Considerando que, según la Ley 1361 de 2009, se reconoce la institucionalidad de la familia en sus diferentes formas de organización y como sujeto de derechos.
Revisar el alcance de programas como: Familias en acción; Jóvenes en acción; Subsidios para mejoramiento de vivienda; Infraestructura social y hábitat; Mi negocio; Iraca (Intervenciones Rurales Integrales); Familias en su tierra; RESA (Red de Seguridad Alimentaria); Estrategia UNIDOS (Acompañamiento familiar transversal e intersectorial para hogares vulnerables en salud, educación, trabajo y vivienda), con el fin de que la estructuración financiera inteligente de la renta básica permita al gobierno central la optimización de recursos sin sacrificar coberturas.

F. Mujeres y Asunto de Género:

Atacar la desigualdad de género con una política de empleo en la que por lo menos el 50 % de los cargos de todo orden dentro de la administración pública sea asignado a mujeres con igualdad salarial, tal como se hizo en la administración de Bucaramanga durante el periodo 2016 – 2019. Al menos el 50 % del gabinete será ocupado por mujeres, con prioridad de la población joven, las madres cabezas de hogar y las personas con discapacidad.
Incrementar el acceso de la mujer al mercado laboral en igualdad de condiciones. La concreción de este objetivo empieza con la cobertura universal de la educación en todos los niveles de la población colombiana, puesto que garantiza tener mujeres preparadas y competitivas.
Desarrollar estrategias de flexibilización laboral (teletrabajo, jornada continua) en los ámbitos públicos y privados que permitan el trabajo de la mujer cabeza de familia. Se desarrollará un programa novedoso en el que el Estado, junto a las empresas del sector privado, construya espacios para el cuidado de los hijos de las trabajadoras. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, desde el año 2009 se impulsó la adopción de una norma internacional para proteger a las trabajadoras. Y adoptó la Conferencia Internacional del Trabajo, así mismo, el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, en el año 2011.
Definir e implementar estrategias en torno al trabajo doméstico y cuidados no remunerados que le permita espacios laborales a la mujer.
Diseñar nuevos programas y reforzar los ya existentes en educación integral para la mujer rural en prevención de violencia intrafamiliar, ‘empresarización’ del campo, emprendimiento, buenas prácticas agrícolas y pecuarias.
Poner en marcha una política pública de prevención de la violencia contra la mujer que combata la impunidad en el maltrato intrafamiliar.
Articular la gestión de las entidades que tengan a su cargo la responsabilidad de la atención integral de las mujeres víctimas de violencia.
Capacitar a los funcionarios para atención especial en la aplicación de la ruta de atención a la mujer.
Ampliar la cobertura y sostenibilidad de los Centros de Acogida para las mujeres víctimas de violencia.

G. Política de Juventud

Reconocer a la juventud colombiana como protagonista política con plenos derechos para participar en la toma de decisiones de todas las políticas públicas de la agenda nacional.
En concordancia con lo anterior, mantener abierta una mesa de diálogo permanente entre el gobierno nacional y las organizaciones sociales de juventudes.
Generar la articulación institucional que garantice la implementación efectiva de la Política Pública de Juventud.
Formular e implementar las políticas públicas de juventud, teniendo como base la Ley de Juventud, para que problemáticas sociales como el consumo de sustancias psicoactivas, la delincuencia y la salud mental juvenil sean atendidas desde las regiones. Todo lo anterior, en cumplimiento del Art. 95 de la Política Pública de Prevención de la Delincuencia Juvenil y la Ley 1453 de 2011 de Seguridad Ciudadana, así como todo lo dispuesto en la Ley 1616 de 2013.
Poner en marcha un plan que reduzca los embarazos en adolescentes. Es necesario la inclusión de acciones en los planes decenales de salud con financiación suficiente. Este objetivo toca líneas transversales, por lo que es necesaria la educación sexual y reproductiva de una manera dinámica y sin barreras desde las instituciones educativas.
Estrechar los vínculos con el sector productivo para mejorar las condiciones y permanencia de empleabilidad de los jóvenes. Trabajar para el cumplimiento efectivo de la normatividad dispuesta en esa materia.

H. Política de Infancia y Adolescencia

Ampliar la cobertura del programa de atención integral a la primera infancia (cobertura universal en el campo y llegar a un 100 % del país).
Erradicar el trabajo infantil en todas sus formas, responsabilizando tanto a los padres que utilizan a sus hijos como a quienes les remuneran por la labor.
Garantizar que en todos los municipios se formule e implemente una política pública, con enfoque diferencial, clara y financiada que garantice la implementación efectiva y sostenible de programas y estrategias de prevención y atención integral de calidad en la infancia.
Articular, con el nuevo modelo de Medicina Familiar, la atención de calidad de la infancia tanto en el componente de salud pública como mental y priorizar inicialmente con los niños campesinos, que son los más vulnerables.
Transformar la modalidad tradicional de hogares comunitarios a hogares comunitarios integrales, para que cumplan con los lineamientos de la Educación Inicial y Atención Integral para la Primera Infancia (EIAIPI).

I. Política para los adultos mayores

Reformar el sistema de protección para la vejez de manera que se asegure la equidad, la cobertura ampliada y la sostenibilidad financiera. Debe haber criterios de elegibilidad claros y justos.
Impulsar el cumplimiento de la Ley de Abandono para hijos que no respondan por los mínimos vitales de sus padres a través de una Línea Verde en la Presidencia, donde los adultos mayores reciban asistencia legal para iniciar el proceso.
Monitorear el funcionamiento y calidad de los programas que se ofrecen a los adultos mayores en los distintos Centros de Bienestar al Anciano.
Revisar las políticas de seguridad social para la tercera edad, con especial enfoque en aquellos que no han cumplido con los requerimientos vigentes para acceder a pensión.
Se debe buscar financieramente cómo otorgar una pensión de un salario mínimo para todos los adultos mayores que no alcanzaron a cumplir los requisitos básicos del sistema pensional, empezando por revisar la política de los Beneficios Económicos Periódicos Sociales, BEPS, que deben incrementarse para llevarlos al menos a medio salario mínimo.

J. Inclusión

Garantizar y fortalecer la consulta previa, que según el Departamento Nacional de Planeación “es un derecho fundamental de los pueblos indígenas contemplado por las Naciones Unidas mediante el Convenio OIT 169 de 1989 e incorporado en la legislación nacional por la Ley 21 de 1991 que aplica a los grupos étnicos a la participación y el acceso a la información sobre los proyectos obras o actividades, que se pretendan realizar en su territorio”, como un mecanismo de diálogo que les permita a las comunidades la preservación de su territorio.
Liderar un programa de acción integral que les permita a diversas instancias del Estado responder de manera conjunta a las legítimas aspiraciones de las comunidades NARP, en áreas como la educación, la productividad, las consecuencias del conflicto armado y el fortalecimiento de sus núcleos familiares; todo en concordancia con el cumplimiento de las sentencias y autos de la Corte Constitucional respecto de las minorías étnicas.
Propender por la convivencia y el respeto a la interculturalidad; en un contexto equitativo, respetuoso de las diferencias y de las relaciones con todas las comunidades étnicas del país. Lo anterior, con el propósito de cerrar las brechas de la exclusión y desigualdad social, política y económica existentes.
Incluir en los procesos transversales de la acción del gobierno nacional, los objetivos del desarrollo regional territorial que nazcan de los grupos étnicos, con el fin de que estos sean sujetos activos de su propio progreso.
Propiciar los espacios de diálogo entre los pueblos indígenas y las comunidades NARP (negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras).
Hacer efectivas e impulsar las políticas vigentes en materia de inclusión de la comunidad Osigd (Orientación sexual e identidad de género diversa); con acciones afirmativas conforme al Decreto 410 de 2018 y la Política Pública Nacional para la garantía del ejercicio de los derechos de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales (LGBT+).
Crear espacios de diálogo para que diferentes miembros activos en la participación política y ciudadana construyan un plan de desarrollo donde la comunidad OSIGD esté representada.
Ejecutar la Política Nacional de Discapacidad que permita la real inclusión social de las personas con discapacidad, sus familias y los cuidadores, lo cual deberá incluir el liderazgo del gobierno central en la construcción de espacios accesibles, tanto en la infraestructura como en el sistema educativo.
Fortalecer la gestión territorial para hacer realidad la Política Nacional de Discapacidad e Inclusión Social en lo local.
Incrementar el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) en las zonas rurales y rurales dispersas.
Promover estrategias de real inclusión social y emprendimiento en el sector rural para las personas identificadas en el Registro de Localización y Caracterización.

2. Una Colombia a la altura del siglo XXI

A. El campo

Modernizar y formalizar el campo partiendo de la perspectiva de que es, precisamente, el motor del trabajo. Se trata de realizar un mapa agrológico y ambiental de la ruralidad que defina la verdadera vocación de la tierra y una adecuada gobernanza de esta, para desarrollar el sector con base en esa información. La consolidación de este mapa se dará en el marco de la implementación del catastro multipropósito en todo el país.
Adoptar una visión estratégica para lograr el desarrollo del campo, pues a pesar de ser el sector con mayores oportunidades, también es el más atrasado; esto implica la entrega de la tierra titulada a la población rural para que sea productiva; hacer cumplir las normas de restitución y garantizar la presencia estatal para la protección de la vida del campesino.
Impulsar la generación de empleo con medidas que asuman la concentración de esfuerzos estructurales, políticos y económicos, encausa dos hacia el bienestar, de manera que se desestimule la migración del campesino hacia las ciudades. En nuestro gobierno estableceremos un enfoque vocacional de cada territorio y trabajaremos articuladamente con las administraciones municipales para hacerlo de acuerdo a ese enfoque regional.
Desarrollar una política de inversión en el campo, de acuerdo con el Plano Agrológico Nacional (del cual es responsable actualmente la subdirección de agrología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi), a partir de créditos otorgables solamente a quienes adopten las recomendaciones del mencionado plano. Los subsidios se pueden condonar siempre que los cultivadores cumplan con el compromiso de producción.
Implementar políticas que permitan disminuir los costos de crédito como, por ejemplo, pignorar la producción con la firma solidaria del dueño del predio junto a sus allegados en primer grado de consanguinidad y de afinidad, de manera que no se haga necesaria la hipoteca. Cuando haya tenedor (no propietario), es necesario buscar el mecanismo para hacer viable dicha acción.
Establecer una política de estado agropecuaria y rural que responda a las variables internacionales del mercado y de la demanda interna. Dentro de la política se debe incluir la industrialización del campo con programas de ingeniería para la producción que usen tecnología de punta, replicando modelos exitosos en el mundo como el japonés y el israelí.
Promover una ley agropecuaria que priorice el uso de insumos de origen nacional, particularmente de los fertilizantes, de manera que se abra una puerta para la recuperación de algunas empresas de esta industria en el país.
Implementar modelos asociativos o agroempresariales entre grandes, pequeños y medianos productores para la transformación de los productos agrícolas. Para ello, en todas las regiones se apoyará la generación de dicha industria con el objetivo de que intervenga, por ejemplo, en el proceso del cannabis medicinal, de la amapola y de la coca en aceite, así como otros derivados. Esto tendrá como efecto colateral una contribución a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, incidiendo en la reducción de la violencia al afectar la financiación de grupos armados al margen de la ley.
Mantener los subsidios existentes y crear los necesarios, para equilibrar los costos del campesino colombiano con los productores extranjeros y así generar condiciones de equidad entre los exportadores y los productores del renglón agropecuario. Por ejemplo, en los cultivos de maíz donde los productores colombianos no tienen cómo competir con los estadounidenses.
Revisar el cumplimiento de las condiciones de los TLC, en términos de no permitir la importación de productos cuando haya oferta interna suficiente en renglones específicos.
Crear el “mercado campesino” en el que se podrán eliminar las barreras de comercialización que dan pie a la intermediación de especuladores, generando pérdidas en los agricultores ante las ganancias de quienes especulan con el precio de los productos agrícolas. Para ello se garantizarán medios de transporte que lleven los cultivos desde zonas apartadas a centros de acopio, incluidas las principales ciudades. De esta manera se asegura al menos un 40 % de ganancia para el productor.
Bancarizar a las familias campesinas para que accedan a crédito con bajas tasas de interés, en búsqueda de tecnificación para sustentar sus cultivos y cosechas.
Fortalecer y crear cadenas productivas (clústeres), siempre bajo la regulación del Estado, como estrategia promotora del desarrollo y factor de competitividad para la agricultura del siglo XXI y una forma en que los territorios pueden captar beneficios. Un aspecto por considerar es la cooperación Empresa – Estado, a través de políticas y programas de intervención que dirijan los intereses de estos sistemas hacia la satisfacción de las exigencias del mercado.

B. Medio Ambiente

Diseñar una política amigable con el medio ambiente, responsable en el uso de los recursos no renovables, a través de alternativas energéticas (solar, eólica, undimotriz, vapor del magma), que en el largo plazo elimine la dependencia de la industria extractiva fósil.
Promover el ajuste de la normatividad ambiental y la tipificación en el Código Penal de los delitos ecológicos, a fin de proteger los recursos naturales y la salud pública, y la creación de las sanciones pertinentes para cada conducta delictiva.
Fortalecer las autoridades ambientales, para que realmente puedan ejercer sus funciones con la autoridad y la seguridad que les permita efectivamente judicializar a los criminales de la minería y la deforestación.
Obligar a las multinacionales mineras a que el mismo tratamiento que deben observar en sus países de origen lo repliquen en Colombia.
Ratificar y dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el país en protección ambiental: Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur sobre Responsabilidad y el Acuerdo de Escazú que entró en vigor el 22 de abril de 2021. Este acuerdo no ha sido ratificado por Colombia aún.
Fortalecer el modelo institucional ambiental en su acción preventiva y correctiva para asumir los compromisos de las políticas requeridas para disminuir los efectos del cambio climático, proteger la biodiversidad y las áreas de reserva. Igualmente, para implementar la economía circular y desarrollar planes y estrategias de descontaminación atmosférica y, en general, para asumir los retos de la COP 26 y de la agenda de los ODS 2030.
Honrar los acuerdos climáticos recientemente suscritos en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021, COP 26, así como todos lo que hayan sido firmados en el pasado.
Establecer un plan de protección especial de la Amazonía colombiana y las zonas ricas en biodiversidad del país, que hoy están afectadas por la extracción y la deforestación.
Brindar una renta básica a quienes trabajen en la protección de los bosques, para que esta actividad resulte más atractiva económicamente que la de deforestar. Nuestro gobierno implementará un programa en el que se pague por la producción de oxígeno. Este programa irá dirigido a pobladores locales, indígenas, campesinos, personas en proceso de reinserción y todos quienes se dediquen al cuidado de la naturaleza. Se basará en la siembra de bosque nativo y la protección de las hectáreas de bosques ya existentes.
Trabajar en convertir la producción nacional de bonos verdes en una cultura, una acción permanente que lidere la Vicepresidencia de la República. Según el Departamento Nacional de Planeación, DNP, estos bonos tienen como compromiso por parte del emisor, encauzar capital recaudado solo para financiar proyectos relacionados con la sostenibilidad (energías renovables, manejo sostenible de los recursos hídricos, residuos sólidos, uso del suelo, conservación de la biodiversidad y transporte limpio), que produzcan un efecto positivo en las tareas frente al cambio climático.
Actualizar los POT, adecuando los mismos a la protección del agua e incluir en ellos la política de generación de energías limpias y el desarrollo productivo sustentable.

C. Descentralización, ordenamiento y desarrollo territorial

Fomentar la autonomía, la flexibilidad y las competencias de las entidades territoriales, no solo en el uso de los recursos sino en su captación, siempre que cada municipio cumpla con estándares mínimos de eficiencia y eficacia administrativa y fiscal. Se trabajará por la expedición de una norma que señale los requisitos que definen eficiencia y eficacia administrativa, estos incluirán, entre otros: la capacidad del municipio de satisfacer las NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), el empleo de los recursos en obras y bienestar social, la lucha contra la corrupción y el cumplimiento del principio de la transparencia. Una vez el municipio cumpla se le permitirá recaudar algunas imposiciones que son propias del Estado; se aumentará, además, la participación sobre el presupuesto nacional y a aquellos que reciben regalías directas se les permitirá usarlas para la creación de empresas con alianzas privadas y para cubrir otros sectores excluidos por la ley de regalías.
Mejorar la autonomía, la flexibilidad y las competencias de las Entidades Territoriales (ET) en el Sistema General de Participaciones, SGP, incrementando la discrecionalidad de las ET en la asignación de recursos para propósito general (de 11 a 23 %) y de asignación especial (4 %). Los recursos del Sistema General de Participaciones serán más armónicos con las demás fuentes que financian el desarrollo territorial.

Proponer un Estatuto Tributario Territorial para:

Incrementar la base de los ingresos tributarios territoriales, sin que ello implique nuevas reformas tributarias. Solo redistribuyendo fuentes y mejorando los recaudos donde campea la elusión y la evasión.
Actualizar el catastro y asegurar su articulación con el registro para incrementar el predial.
Revisar el portafolio de impuestos territoriales (simplificar o diferenciar).
Introducir impuestos compartidos con el gobierno central (incentivo de eficiencia).
Crear una nueva categorización de municipios por entornos y tipologías de desarrollo que mejore la distribución de recursos y la asignación de competencias subnacionales.
Tener reglas de crecimiento de los gastos de funcionamiento y asignaciones salariales de los entes territoriales ajustados.
Crear un Sistema Único de Control y Vigilancia de los recursos públicos y la gestión territorial.

Atender las necesidades básicas insatisfechas que incluye el saneamiento básico digno en todo el ente territorial.
Modernizar la hacienda pública de los municipios para incrementar sus ingresos fiscales, brindándoles a las secretarías de hacienda municipal las herramientas que les permitan implementar políticas serias de recaudo y liderar todos aquellos procesos que redunden en la captación de recursos por parte del municipio.
Organizar una mayor asesoría y articulación interinstitucional. Se trata de que las entidades puedan cruzar la información de manera que todos los trámites se puedan agilizar.
Reformar el régimen legal de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) para soportar el desarrollo de las regiones y asegurar el uso de sus instrumentos económicos.
Estimular la vigilancia de los recursos públicos y la gestión territorial, a través del fortalecimiento del sistema de veedurías y de control social, involucrando a la Contraloría y la Procuraduría, de manera que se audite también el manejo y la actuación de los funcionarios.

D. Infraestructura y Transporte:

Fortalecer los programas de corredores estratégicos nacionales, de corredores regionales para mejorar el acceso de las principales ciudades y puertos, y avanzar en la recuperación de la red terciaria.
Consolidar un sistema de gobierno corporativo en entidades del sector como la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y el Instituto Nacional de Vías, Invias.
Diseñar un proceso de seguimiento a la contratación que garantice la transparencia en los procesos públicos de competencia, en concordancia con la aplicación estricta de estándares internacionales.
Impulsar el movimiento de mercancías a través del transporte férreo, fluvial e intermodal, con el fin de garantizar una cadena de suministros eficiente y mejorar la productividad y la competitividad.
Implementar un modelo de compra por obra hecha o tramo terminado, en la que contratistas pequeños puedan participar en la ejecución de grandes proyectos mediante una construcción progresiva y por secciones, de acuerdo con su capacidad financiera. Si el Estado usa el dinero que tiene ‘a la vista’ en el Banco de la República, podría apalancar a los contratistas pequeños (emprendedores talentosos que inician su carrera empresarial) con una financiación directa y tasas competitivas a través del Banco Agrario. La pignoración del contrato con la banca oficial es una alternativa de respaldo.
Construir 14 mil kilómetros de vías terciarias con calidad, con mano de obra local y en referencia de ejemplos internacionales como el “Camino a Santa Ana”, en México.

En materia de movilidad nacional se trabajará por:

Recuperar la navegabilidad del río Magdalena para disminuir los costos de transporte de carga. El Río es la más rentable autopista colombiana, pero está desaprovechado. Es urgente replantear los términos contractuales de su mantenimiento.
Impulsar el mejoramiento de la infraestructura fluvial y portuaria para aumentar los volúmenes de carga transportada y reducir los costos.
Ejecutar un plan de infraestructura para transporte intermodal que reduzca en un 20 % los costos logísticos.
Habilitar las vías férreas existentes adecuándolas a trocha ancha para trenes eléctricos con pendientes máximas del 3 %. La financiación será extranjera, por lo que se ofrecerá a los inversores un pago por usuario en el transporte de pasajeros y por tonelada en carga. El faltante será asumido por el Estado.
Revisar los precios de costos directos e indirectos abusivos de las vías construidas por concesión. Con base en ello, dialogar con el contratista para llegar a un equilibrio. En caso de que este se oponga a un acuerdo, apelar a la justicia por el desequilibrio financiero del contrato. Al revisar los precios hasta llegar a los justos, como consecuencia debería reducirse el valor de los peajes en el país.
Garantizar el mantenimiento de las obras que ya son de la Nación (Concesiones entregadas).
Establecer subsidios por pasajero a aerolíneas privadas para que operen más regularmente las rutas de zonas apartadas.
Promover y estimular la financiación y ejecución de las obras del Programa 5G y garantizar la continuidad y culminación de las 4G.
Prestar la atención debida a las acciones de las corporaciones ambientales, en virtud de que no se imponga a los contratistas una medida injusta o desproporcionada que afecte la ejecución eficaz de la obra y evitar así presiones incorrectas que signifiquen corrupción.
Aplicar un esquema de valorización con equidad en el desarrollo de las vías nuevas. Que estas no deben ser pagadas solo a partir de concesiones de peajes; aquellos propietarios cuya tierra se valoriza por la construcción de una nueva vía, deben ayudar a costearla. Como efecto, progresivamente el valor del peaje se reducirá.
Implementar peajes electrónicos para beneficio no solo de la movilidad sino también para el mantenimiento de las mismas vías, que sufren cuando el transporte pesado debe desacelerar para pagar manualmente el peaje e inclusive para ahorrarles a los mismos transportadores tiempo y costos de mantenimiento.
Crear un marco claro y transparente para fijar el precio de los combustibles. Realizar reformas a la fórmula de cálculo del valor de los combustibles y quitar gradualmente parte de la carga impositiva. Generar tarifas justas para los actores de la cadena de transporte de carga.
Realizar una lucha frontal contra la extorsión y el crimen, haciendo uso de inteligencia para desmantelar bandas criminales que afectan a los prestadores del servicio de transporte en el país.

E. Industria

Impulsar una industria nacional limpia y comprometida con el cumplimiento de lo pactado en la COP 26.
Implementar una estrategia de desarrollo basada en la vocación, tanto desde los enfoques regional y local, como del talento humano, aprovechando lo que se ha avanzado en campos como el turismo, el textil o el manufacturero, entre otros, involucrando a las Cámaras de Comercio.
Retomar las consultorías para la estructuración de las iniciativas de inversión industrial, partiendo desde las regiones hasta consolidar la vocación nacional, es decir, identificar aquellas áreas en las que podemos avanzar más como país y dedicarnos a ellas.
Proponer estrategias de apoyo al desarrollo empresarial que mejoren su productividad y competitividad tanto en mercados internos como internacionales. Apoyarse en la innovación y la logística, los procesos de formalización de empresas y el fortalecimiento de aquellas que, como efecto de la pandemia, hayan sufrido una significativa reducción en sus operaciones.
Ampliar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas; además de intervenir las altas cargas tributarias que impiden la competitividad. Las empresas recién constituidas estarán exentas de carga tributaria hasta que logren un equilibrio. Para contratar con el Estado, a las empresas recién constituidas no les será exigible experiencia, salvo que el objeto contractual requiera de conocimiento especializado. Sin embargo, estas empresas podrán vincular dicho talento humano especializado a fin de poder competir en la contratación pública.

Incentivar la innovación y mejoramiento de los procesos productivos y diversificar la estructura productiva hacia bienes y servicios de mayor sofisticación.

Un capítulo especial debe tener la agroindustria, por eso en nuestro gobierno se desarrollará una industria que produzca tecnología de punta con la que se logre la industrialización y tecnificación del campo colombiano, como ya lo expusimos.
La innovación y el mejoramiento de los procesos productivos, así como diversificar la estructura productiva hacia bienes y servicios de mayor sofisticación, se logrará desde el modelo de educación que proponemos. Como se ha expresado, el sector empresarial estará comprometido con aportar a la investigación científica y esto les permitirá obtener más y mejores condiciones competitivas con patentes propias.

Fortalecer las medidas de protección a la industria manufacturera, debido a que cada día es más difícil su competitividad en precios con productos importados de Asia y África. Este sector es uno de los más importantes en la balanza comercial del país y en puestos de trabajo. Por eso en nuestro gobierno se procurará subsidiar la producción, para poder competir con los países que venden mercancía a bajo precio en el país. Así mismo, se revisará la posibilidad de aumentar los impuestos de los productos manufactura dos importados.

F. Política Minero – Energética

Invertir en esfuerzos para la producción de energías alternativas ante la inminencia de la falta de petróleo y gas en la próxima década, si se toman solo las cifras de reservas probadas, que es lo más sensato.
Crear un programa específico de generación de energía limpia con un serio análisis de suelo, presupuesto, planos y cronograma.
Exigir y monitorear permanentemente la eficiencia en el uso de los recursos de Ecopetrol, en especial las decisiones presupuestales. Se le dará prioridad a la inversión en exploración por encima de los gastos de nómina.
Implementar un análisis de costos de producción. No se tolerará grado alguno de desfalco o robo en las instituciones nacionales de este renglón tan importante de nuestra economía. No permitiremos nuevos escándalos como el de Reficar.
Generar confianza a la inversión en el sector minero-energético, a partir de los procesos de seguridad jurídica y de establecer reglas claras y estrategias de diálogo con las comunidades.
A través de una reforma legal, crear una ventanilla única en materia de competencias mineras, de hidrocarburos y ambientales, que unifique las competencias en una sola autoridad, a fin de garantizar que los trámites mineros y ambientales se resuelvan de manera coordinada, ágil y eficiente.
Diversificar la matriz de generación para reforzar la seguridad energética y hacer más competitivas las tarifas finales del consumidor.
Reformar el Sistema General de Regalías para que las regiones reciban más recursos, así como garantizar una inversión eficiente y transparente de los mismos.
Ampliar el proceso de electrificación rural y gasificación masiva, a fin de conectar con energía eléctrica y gas natural al menos el 50 % de los hogares que hoy no disfrutan de esos servicios.
Promover cambios proyectados a 2030 para alcanzar un autoabastecimiento energético, incrementando el nivel de reservas de petróleo y gas, mediante un proceso ampliado de nuevas exploraciones.
Desarrollar un sistema de transporte y distribución de combustible para garantizar abastecimiento, incluso en situaciones extremas.
Promover la electrificación de la economía con criterios de eficiencia. Sustituir combustibles contaminantes por energéticos de bajas emisiones.
Redefinir la política energética de mediano y largo plazo, en la que se diseñe el marco regulatorio y los mecanismos de expansión de fuentes no renovables de energía.
Adoptar, de manera inmediata, las buenas prácticas normativas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y reestructurar la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), para que sea un organismo más ágil.

G. Comercio exterior e integración a mercados agroalimentarios internacionales

Restablecer, a las 4 p.m. del 7 de agosto de 2022, las relaciones diplomáticas necesarias para la búsqueda de apertura de fronteras y exportaciones para nuestros productos. Desde el primer día de gobierno las relaciones comerciales con Venezuela serán restablecidas. La normalización aumentará el número de exportaciones de productos colombianos a ese país, reactivará el turismo y se podrán adelantar proyectos de impacto regional. Venezuela es un vecino que en medio de bloqueos está produciendo más de un (1) millón de barriles de petróleo y necesita muchos productos que les podemos vender con todas las garantías.
Proteger las materias primas (sector primario), para que no se comercialicen a precios bajos y retornen más costosas después de procesos industriales simples.
Prohibir las importaciones de productos que el campo colombiano produzca, hasta tanto no se haya asegurado su venta y se haya surtido el mercado local.
Estimular la investigación científica aplicada al comercio y la industria, para generar patentes que agreguen valor a nuestra materia prima.
Diseñar y crear beneficios para que la industria colombiana pueda incrementar su productividad y sus exportaciones, de manera que sea competitiva en el marco de los Tratados de Libre Comercio vigentes. Se establecerá una línea de crédito y subsidio público orientado a la industria colombiana para que pueda competir globalmente.
Desarrollar un estudio de productos existentes diferenciadores para el impulso de su exportación. Buscar, además, la denominación de origen en opciones como café, cervezas, vinos, chocolate, suero, quesos y artesanías.
Impulsar el turismo internacional con diversos enfoques: médico, estético, ecológico, de cultivos especiales, cinematográfico y de fiestas y carnavales, de acuerdo con las tradiciones y tomando en cuenta la vocación de cada territorio.
Realizar estudios constantes y diversos sobre productos altamente demandados en el exterior para cruzar con nuestro plano agroecológico; a partir de ello, impulsarlos con fines comerciales.
Implementar políticas públicas en generación de información y gestión del conocimiento, promoción de mercados y rescate y valoración de sistemas agroalimentarios tradicionales.
Salvaguardar el respeto al medio rural, con procesos que valoren la agricultura, la biodiversidad y la descontaminación de aguas subterráneas.
Promover formas de producción y consumo de alimentos más sostenibles y saludables. Esta preocupación está presente en la agenda política internacional, para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es un área que permite diferenciación.
Disponer de información para el seguimiento de la seguridad alimentaria en la producción agrícola, sobre mercados y seguimiento a grupos de riesgo alimentario y nutricional.

H. Generación de empleo y emprendimiento

Incentivar la creación de emprendimientos digitales y apoyar financieramente y en asesorías a emprendedores jóvenes que busquen construir empresa antes de tener su primer empleo o a las personas que por razones laborales ya no encuentran una oportunidad laboral. En el fondo se trata de impulsar la cultura del cuentapropismo (persona que trabaja para sí mismo), pero desde la formalidad.
Disminuir las barreras de entrada a los nuevos empresarios, simplificando y reformando la estructura de trámites, impuestos y costos de renovación, entre otros procesos.
Incentivar el emprendimiento entre los jóvenes estableciendo iniciativas de no pago por impuesto, hasta que cumplan tres años de operación y rendimiento sostenidos.
Mejorar la competitividad de las empresas colombianas al eliminar los impuestos a la adquisición de bienes de capital.
Fortalecer la relación entre Universidad – Empresa – Estado, a través de la promoción de alianzas (clústeres) que generen incentivos económicos para las investigaciones que conduzcan a nuevas patentes, en donde las instituciones regionales actúen en red con los empresarios, generando programas académicos y proyectos públicos pertinentes, de alta calidad, que garanticen mayor desarrollo regional y más empleo en un modelo económico vocacional del territorio.
Potenciar el crecimiento económico del sector manufacturero, la demanda interna de bienes y servicios, disminuir las importaciones y maximizar las exportaciones, en una dinámica en la que se pueden involucrar políticas de investigación en las universidades para mejorar todas las condiciones de producción, de manera que el sector sea competitivo y puedan sustituirse importaciones.
Ampliar los esquemas de financiación a las pequeñas y medianas empresas, Pymes, y a los emprendimientos en sus fases tempranas. Por vía normativa se establecerá que los créditos destinados a la creación y fortalecimiento de las Pymes deban tener un interés igual o menor al que recibe el Banco de la República por la colocación en la banca privada de los recursos nacionales.
Generar una instancia de coordinación y gestión del empleo más robusta dentro del Ministerio del Trabajo. El país sabrá qué sectores económicos están más activos, cuántos trabajadores se necesitan y de qué tipo, incluso en dónde se debe actuar para salvar puestos de trabajo.
Acompañar la gestión de las bolsas de empleo de manera que faciliten y promuevan la reubicación laboral de los trabajadores en condición de debilidad manifiesta.
Liderar un programa que tendrá como objeto readaptar laboralmente a los trabajadores que han sufrido una pérdida en su capacidad laboral o que se encuentren protegidos bajo la figura de estabilidad laboral reforzada.
Coordinar los mecanismos de control y vigilancia de la política laboral y de salud. Simplificar los trámites para vincularse a la seguridad social.
Permitir a los trabajadores independientes acceder a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y revisar los servicios que ofrecen las Cajas de Compensación.

I. Cultura

Introducir la cultura y el arte en la cadena productiva del país a través del fomento de la industria creativa. En nuestro gobierno, los rubros de cultura y arte pasarán de estar en un último plano a ser protagonistas; por tal razón aumentaremos el presupuesto de inversión en estas áreas, para promover el nacimiento de pequeñas y grandes empresas.
Intervenir arquitectónicamente, con curaduría de arte (estética), los escenarios culturales ya existentes. Para ello se implementará un sistema de curadores avalado por expertos reconocidos internacionalmente.
Establecer la gratuidad en el ingreso a escenarios artísticos y culturales, como la red de museos, para niños y jóvenes hasta la mayoría de edad, o los 26 años en el caso de estudiantes universitarios activos.
Incentivar la pedagogía en temas culturales desde la primera infancia hasta los estudios universitarios, en un proceso que se adelantará con el fin de preservar las tradiciones orales y escritas y las costumbres ancestrales de cada una de las regiones colombianas, como una forma de conservación del patrimonio cultural y artístico.

J. Turismo:

Estructurar una política de turismo innovador (experiencial): gastronómico, salud, medicina estética, industrial, en productos de origen. Esta iniciativa estará articulada con las acciones para la protección del medio ambiente, lo cual resulta más atractivo para el viajero internacional y representa un valor agregado de la marca país: poder ofrecer más y mejores rutas turísticas al mundo en armonía con la naturaleza.
Atraer inversión a gran escala en los lugares de mayor proyección turística. Como hizo República Dominicana en Punta Cana, pero con acciones que incluyan curaduría arquitectónica.
Tal esfuerzo para atraer inversión a gran escala debe apoyar las iniciativas turísticas de los municipios más pequeños, para que estos puedan intervenir su infraestructura con la estética del mundo contemporáneo, al tiempo que generan nuevas oportunidades de ingreso para sus habitantes.
Impulsar las iniciativas para que la industria diseñe tarifas que no excluyan al turista nacional. En nuestro gobierno se concertará con las aerolíneas una reducción importante del valor de los tiquetes, a la vez que se invitará a nuevas empresas de transporte aéreo, para que amplíen la oferta comercial y las conexiones de Colombia con el mundo.
Transformar el sistema de servicios impulsando la calidad en los circuitos de gastronomía, hotelería y transporte. Trabajar fuertemente en la capacitación para la atención del turista, haciendo énfasis en el dominio del inglés de buena parte de los prestadores de servicios turísticos.
Fomentar el turismo sostenible (a partir de la política pública de turismo), orientándolo al respeto y conservación del medio ambiente, con el propósito de hallar el equilibrio entre la actividad económica y la biodiversidad.
Promover en el extranjero el turismo ecológico para aprovechar la oferta que brindan nuestros Parques Nacionales. Este proceso hará parte primordial de la agenda de política exterior y servirá para integrar a los actores culturales artísticos que promuevan internacionalmente las bondades de nuestro territorio.
Apoyar las iniciativas digitales de turismo, acompañadas de una regulación que brinde seguridad al turista.
Evaluar la conveniencia de recuperar la marca país “Colombia es Pasión”.

k. DEPORTE Y RECREACIÓN

Crear un programa de análisis de talentos deportivos nacionales desde la infancia, tipo semillero, en prácticas como ciclismo, patinaje, levantamiento de pesas, fútbol o atletismo, en las que ya alcanzamos éxitos reconocidos.
Apoyar monetariamente a deportistas destacados internacional y nacionalmente hasta con 100 mil pesos diarios (ajustados con la inflación) con prestaciones sociales garantizadas.
Pensionar a campeones vía legislativa de la siguiente manera: olímpicos o recordistas mundiales (incluidos atletas paralímpicos) con una mesada correspondiente al 30 % del salario de un embajador de nivel básico; para medallistas en juegos panamericanos o bolivarianos el 20 % del salario de ese diplomático; y un 10 % del valor de dicha pensión, a quienes hayan participado en alguno de estos certámenes así no ganen medallas. En esta última circunstancia, es necesario hacer un análisis individual y reconocer en cada caso la dedicación a su disciplina.
Contratar a entrenadores profesionales que estén entre los mejores del mundo, con proyección a formar campeones mundiales.
Desarrollar una política de inversión en infraestructura deportiva con escenarios de talla internacional, para la práctica de alto rendimiento de los deportes que componen el ciclo olímpico. Se debe tener presupuestado el mantenimiento tanto físico como administrativo.
Entregar directamente las obras a las federaciones deportivas para su uso, en ningún caso a los políticos.
Impulsar estilos de vida saludable desde el deporte en su enfoque recreativo, por ejemplo, a través de las competencias deportivas en instituciones educativas. En esta iniciativa se debe incentivar el uso de los escenarios deportivos en diversas actividades físicas por parte de los diferentes grupos etarios, de manera que mejore la salud de los colombianos.
Incentivar la construcción o recuperación de escenarios recreativos locales, para disminuir el tiempo de ocio de los jóvenes en sectores con alto riesgo de reclutamiento por parte de actores armados o grupos de delincuencia.
Ajustar la arquitectura de los escenarios con que se cuenta actualmente a estándares internacionales, so pena de no ser aprobados para su ejecución.

3. Un estado de iguales ante la ley

A. Seguridad ciudadana y defensa nacional:

Generar ingresos dentro de la población, desde la perspectiva de que la manera de acabar con la inseguridad -en su componente estructural- se basa en que los ciudadanos tengan una fuente de recursos fija, con la cual puedan construir bienestar para sus familias y para sí mismos. Nuestras acciones transversales de empleo, industria y del campo permitirán lograr ese objetivo, como una alternativa para dignificar a la comunidad. A lo cual se le suma la obtención de patentes desde las universidades ligadas a la creación de una nueva y moderna industria, y el aprovechamiento de los talentos por medio de iniciativas como la de formar industrias creativas.
Alcanzar la meta de “cero impunidad” para personas que generan la inseguridad, entre ellos, los políticos corruptos que hacen más lejanas la seguridad social y las necesidades básicas satisfechas, en el sentido -ya expuesto- de que la politiquería es generadora directa de violencia por la desatención de las necesidades ciudadanas. Así mismo, promoveremos la no prescripción de los delitos cometidos por los políticos si estos atentan contra el patrimonio público; habrá cero tolerancia frente a la corrupción. Por eso se impulsará una norma que exija revisar la vida económica de los servidores y funcionarios del Estado, con sanciones ejemplares a los miembros de los entes de control, dejándolos de por vida inhabilitados para tener vínculos con el Estado.
Reestructurar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y mejorar la infraestructura carcelaria del país. Esto significa relocalizar las cárceles hacia lugares donde puedan desarrollarse actividades agropecuarias e industriales, en clave de alcanzar auto sostenimiento y generación de bienestar. Igualmente, la cero tolerancia con la criminalidad aplicará también en la cárcel. No habrá trato preferencial, en especial si el privado de la libertad es un corrupto. Es importante mejorar las condiciones de las cárceles, pero también las condiciones de los funcionarios y empleados del Inpec. La ‘Ciudad Resocializadora’ será la apuesta para cambiar el concepto de las cárceles y se implementará su creación como un verdadero proceso de optimización de recursos y resocialización de los penados.
Definir una política clara de defensa nacional (soberanía – conflicto armado interno) que integre no solo las necesidades propias de la acción armada, entiéndase compra y manutención de herramientas bélicas, sino mecanismos alternativos que busquen la estabilidad social de aquellas zonas en las que los actores armados ejercen formas de control político y territorial.
Establecer un nuevo concepto global sobre la seguridad de la Nación que determine una estrategia puntual, coordinada y articulada con las demás políticas de Gobierno; esto, para cada amenaza, riesgo o vulnerabilidad, como parte de un proyecto compartido de una gran estrategia integral de seguridad y defensa nacional. Los recursos naturales, entre estos el agua, serán primordiales en las acciones de defensa del territorio. Por eso, dentro de las instituciones armadas del Estado, se conformará con sus miembros equipos especializados para: detener la deforestación, el desplazamiento forzado de campesinos, la caza ilegal, las contaminaciones de los ríos, la explotación minera criminal, y todas aquellas acciones riesgosas para el bienestar del agua y la naturaleza.
Asegurar el bienestar del personal de las Fuerzas Armadas en todos sus ámbitos, incluidas sus garantías jurídicas. Se revisará el sistema de ascenso para permitirle al uniformado raso aspirar a posiciones que hoy le son negadas en la carrera militar. Los sueldos y las prestaciones serán mejorados; para ello, hay que recortar los gastos ineficientes, por ejemplo, el que cubre a personal ejecutivo y a prestadores de servicio externo con algunos beneficios pensados para compensar la ardua labor del combatiente.
Modernizar el equipo militar, en primer lugar, a través del impulso a la investigación, la innovación y el desarrollo de proyectos tecnológicos nacionales en procura de minimizar la dependencia de terceros países. Los miembros de las fuerzas militares estarán cobijados para acceder a la educación formal en todos los niveles y serán incluidos en los convenios de generación de patentes.
Fortalecer el sistema de justicia de la fuerza pública y generar garantías que permitan la cabal aplicación de la JEP para sus miembros y la protección de sus integrantes que, actuando en cumplimiento de su misión, sean requeridos por instancias internacionales mediante un fuero de protección.
Garantizar el respeto por sus competencias a las Fuerzas Armadas para que cumplan adecuadamente con su función constitucional y mantener el orden a lo largo del territorio colombiano, áreas marinas y espacios aéreos. Igualmente, el mantenimiento de la soberanía, la integridad y preservación del territorio, la riqueza de nuestros recursos y riquezas.
Asegurar la protección de la ciudadanía en poblaciones fronterizas, la preservación de la soberanía nacional y controlar el delito transnacional con énfasis en el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas.
Impulsar el desarrollo de operaciones conjuntas. Esto deberá estar acompañado de una participación integral entre las agencias del Estado, que haga sostenibles los éxitos militares, muchos de los cuales han sido logrados por esa vía.
Implementar una estrategia de fortalecimiento de la imagen institucional de las fuerzas armadas, teniendo como eje central el concepto de legitimidad. Para ello, se impulsará la formación en derechos humanos.
Promover y hacer evidente la voluntad de la implementación del Acuerdo con las FARC. Hay que cumplir con el cronograma. Brindar a los reincorporados el trato más digno, razón por la cual la fuerza pública se ocupará de defender a los firmantes que siguen con la voluntad delegalidad, sus vidas y sus negocios.
Abrir un proceso de acercamiento del ELN al Acuerdo de Paz firmado con las FARC. Basta un otrosí en el que se incluya a esta organización como firmante del acuerdo. No se establecerán nuevas mesas de negociación que impliquen interminables conversaciones.
Revisar y depurar la Policía Nacional de manera que recupere la confianza ciudadana y se minimicen los abusos de autoridad. Los miembros de la fuerza pública involucrados en violaciones a derechos humanos serán retirados. El derecho a la protesta será protegido de cualquier violación del Estado.

B. Relaciones Exteriores

Restablecer relaciones consulares con Venezuela desde el primer día de gobierno y con todos los demás países con los cuales se han roto los lazos diplomáticos en los últimos años.
Alcanzar el liderazgo en la región a través de la profesionalización de la Cancillería, y respetar la carrera diplomática que por su especialización requiere de personal altamente capacitado.
Racionalizar el gasto en esta cartera, alejando el manejo político de la nómina. Realizaremos un gran recorte a la burocracia diplomática, por considerar este un gasto particularmente oneroso. El dinero ahorrado se destinará a cumplir los objetivos trazados en áreas como el deporte competitivo, así como a fortalecer los programas sociales en educación y salud.
Ocupar la mayor cantidad posible de cargos diplomáticos y consulares con los mismos colombianos que viven en el exterior. Esto significará un importante ahorro de recursos económicos en rubros como las primas de viajes, la instalación, los arrendamientos, el pago de servicios públicos y demás. De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la actualidad hay aproximadamente 4,7 millones de Colombia nos viviendo por fuera del territorio nacional. Son ellos quienes mejor conocen la situación de la comunidad colombiana en las regiones que habitan. Se prohibirá que, con cargo al presupuesto nacional, las embajadas realicen recepciones y fiestas innecesarias, o que los titulares sigan disponiendo de cuantiosos gastos de representación.
Trabajar para que los colombianos puedan viajar a más países sin visa, desarrollar estrategias para aumentar el número de visitantes a Colombia e incrementar el apoyo a los connacionales en el exterior.
Mejorar nuestra relación con África, Asia y Oceanía, para fortalecer la presencia de empresas colombianas, la exportación de productos y el desarrollo del turismo.

C. Justicia

Transformar completamente el aparato judicial, de arriba a abajo, en una acción tan profunda que incluya una reforma constitucional.
Aplicar juiciosamente la meritocracia como la mejor manera de proveer los cargos en la administración de justicia debe ser un propósito, pero dentro de un proceso liderado por la academia, en manos de las universidades que ocupan destacados lugares en los escalafones mundiales de calidad, con auditoría internacional, que establezca un sistema de evaluaciones e incluya exámenes y calificación de rendimiento para determinar las políticas de ascenso en el aparato judicial.
Reformar la Fiscalía para que, por ejemplo, en el caso del nombramiento del fiscal general, se incluya una revisión de las hojas de vida de los candidatos, con poder de veto en la Corte Suprema de Justicia que recibe la terna por parte del presidente, de manera que haya controles que limiten el poder nominal del Ejecutivo en las altas responsabilidades de la justicia. Lo anterior en lo inmediato, pues a mediano plazo proponemos la elección del Fiscal a través de un mecanismo que no involucre al ejecutivo ni a los políticos. Puede ser elegido popularmente, o a través de procesos de meritocracia ampliamente convocantes y que incluyan a la academia.
Cero tolerancia con el vencimiento de términos como aliado de los bandidos y los corruptos. Hacer seguimiento estricto a las actuaciones de los jueces para que cumplan los términos, porque los procesos se dilatan por ese incumplimiento y la justicia tarda mucho en hacerse efectiva. La medida debe incluir sanciones a los jueces que no le den cumplimiento oportuno a los términos, que podrían ir desde su suspensión por seis meses, si es la primera vez, hasta la destitución, si se reitera el incumplimiento.
Establecer unos tiempos de actuación procesal que obliguen tanto a jueces como a magistrados a fallar oportunamente, pues buena parte de la congestión judicial se debe a que tanto los unos como los otros dedican su tiempo a desarrollar labores personales diferentes a su función pública. La defensa de los jueces es el argumento de la congestión. Proponemos aumentar el número de jueces y fiscales, pero desde un mejoramiento de la calidad y especialización del derecho. Hay que ser más exigentes con la formación de los profesionales del derecho; existen muchas universidades que ofertan programas de derecho sin contar con procesos de acreditación.
Descongestionar los juzgados, entregando las pequeñas causas a los consultorios jurídicos de las universidades públicas y privadas, para que sean resueltas por los estudiantes de últimos semestres de derecho, quienes tendrán remuneración por ese trabajo. Es preciso tramitar de urgencia una reforma, para permitir esta salida que hoy no tiene recibo en la Corte Constitucional.
Reformar el Artículo 230 de la Constitución Política en el que se declare que los jueces estarán sometidos al imperio de la ley y al precedente judicial.
Disminuir el aplazamiento de las audiencias, para que el vencimiento de términos no sea el cómplice de la impunidad y no haya congestión en los juzgados.
Despolitizar los nombramientos de altos dignatarios. Las universidades con los más altos reconocimientos académicos en los escalafones internacionales de calidad llevarán un sistema de evaluación y de calificación de rendimientos. Además, contará con auditoría internacional.
Crear un sistema central de control fiscal para disminuir la corrupción, que hoy le cuesta al país 50 billones de pesos al año aproximadamente. Revisaremos las funciones y resultados de las contralorías. Estas cuestan mucho dinero a los colombianos. Se deberá exigir resultados para acabar con las entidades que solo gastan y se dejarán aquellas que demuestren verdaderos resultados.
Diseñar un marco para el ejercicio del derecho con cero tolerancia a la corrupción. Se creará un fondo de recompensa. Pagaremos el 20 % de la plata recuperada a los ciudadanos que denuncien a los corruptos.
Aumentar salas de audiencias en las grandes ciudades de acuerdo con los requerimientos del actual código penal y adecuar en los demás municipios espacios en los que puedan desarrollarse.
Acabaremos con el populismo punitivo de volver delito cualquier expresión reprochable contra la sociedad, y también la demagogia politiquera de aplicarle cadena perpetua a los temas más sensibles, para conseguir votos de la galería, mientras la impunidad campea a sus anchas.

D. Política tributaria

60 días después de lograr la aprobación de la propuesta anterior, buscaremos eliminar el impuesto del 4 x 1000.

E. Política laboral y pensional

Generar empleo digno y vocacional, lo que significa un impacto social que disuade la violencia y estimula los índices de desarrollo en las regiones del país.
Diseñar una política de incentivos e inversión en el campo para que haya el desarrollo y la vida digna que generan los empleos directos. Se impulsarán iniciativas como la autoconstrucción de aldeas integrales y de vías terciarias por parte de la población rural.
Impulsar un consenso judicial para las decisiones sobre reconocimiento o cambio de beneficios del sistema pensional, de tal manera que todas las personas en iguales condiciones reciban los mismos beneficios. Esto ayudará a planear mejor el gasto público.
Autorizar la devolución de saldos pequeños en BEPS (Beneficios Económicos Periódicos) con la contrapartida o subsidio del Estado, cuando se haya demostrado un esfuerzo en ahorro por parte de la persona vinculada. Tal medida debe enlazarse con el programa Colombia Mayor, con el fin de asegurar un ingreso mínimo que evite a los beneficiados caer en la miseria que muchos adultos mayores viven hoy.
Por ley, se otorgará una pensión a todos los adultos mayores, sin importar que hayan o no cumplido los requisitos hasta hoy vigentes, en la forma de una renta básica, además de un apoyo para cubrir temas de salud.
Revisar la implementación de una carga impositiva a los pensionados privilegiados, como una medida que aplane la punta de la pirámide en que se ha convertido el sistema pensional colombiano, en el que unos muy pocos reciben pensiones muy altas, mientras la mayoría -en la base- percibe una remuneración pequeña.
Reformar Colpensiones para permitirle la captación de ahorros, de manera que pueda competir con los fondos privados en generación de inversiones.