Bogotá y Cundinamarca concentran cerca del 40 % del consumo de madera en Colombia, utilizada principalmente en construcción, carpintería e industrias de embalaje. De ese total, entre el 45 % y el 54 % proviene de fuentes ilegales, afectando especialmente zonas de la Amazonía y otras regiones donde está prohibida la actividad silvícola.
Nueva alianza ambiental con enfoque de legalidad forestal
Como parte de los compromisos adquiridos en la COP 16, el gobernador Jorge Emilio Rey anunció una alianza estratégica entre la Secretaría de Bienestar Verde, la CAR y Fedemaderas, con el objetivo de proteger los ecosistemas estratégicos y consolidar una cadena forestal legal, justa y trazable.
“Damos continuidad a nuestra agenda ambiental con esta alianza que articula autoridades y actores del sector. Hemos logrado conectar a productores del Amazonas, Guainía y Caquetá con comercializadores de Antioquia y Cundinamarca”, declaró Rey.
Seguimiento digital y operativos de control
La estrategia contempla el fortalecimiento de los planes de manejo sostenible, el impulso de modelos de economía circular y el acompañamiento técnico a cada eslabón de la cadena forestal. La armonización normativa entre regiones también se considera clave para consolidar un mercado más competitivo y responsable.
Para reforzar el control, se implementa el Libro de Operaciones Forestales en Línea, una herramienta que permite el seguimiento detallado de la madera legal y que complementa el trabajo de la Policía Ambiental y de Carabineros, encargada de los operativos e incautaciones para evitar el ingreso y comercialización de madera ilegal.
“La tala ilegal rompe el equilibrio de los ecosistemas, interrumpe el ciclo del agua, degrada el suelo y agrava la sequía. Es una amenaza directa a la vida, la agricultura y el abastecimiento en nuestros territorios”, advirtió el mandatario.
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Una estrategia que va más allá del impacto económico
El gobernador insistió en que esta política no solo apunta a lo ambiental y económico, sino que tiene implicaciones profundas para el bienestar del centro del país. La reducción de la tala ilegal no solo mejora el cumplimiento de los acuerdos internacionales, sino que representa una apuesta directa por la vida, el recurso hídrico y la sostenibilidad.
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