La administración departamental a través de su Secretaría de Competitividad, firmó con la Federación Nacional de Departamentos y el Gobierno de España por medio de su agencia de cooperación internacional, Sustentia Innovación Social, un convenio de cooperación internacional para la ejecución del plan de acción de la Política Pública de Trabajo Decente.
“Este convenio se trata de implementar esta política pública en los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca. Nosotros que tenemos política pública de trabajo decente vamos a implementar todas las acciones propuestas en el plan aprobado en el año 2015”, manifestó Ana Eliana García, directora de Competitividad, de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico.
Cabe resaltar que la Gobernación, en articulación con sus aliados estratégicos, han desarrollado cuatro fases de trabajo, impactando a funcionarios del gobierno departamental, juntas de acción comunal, alcaldes, actores municipales, secretarías de desarrollo municipal, empresarios y comunidad civil en general.
Desde la Federación Nacional de Departamentos, José Fernando Gómez, declaró que “lo que buscamos es que se defina, antes del cierre de este año, un plan de acción de empresas con enfoque de Derechos Humanos, que trace una hoja de ruta, unas líneas de acción en política pública de la Gobernación de Cundinamarca, en este caso, dirigidas al sector empresarial de la región, básicamente en temas como Trabajo Decente, Medio ambiente, Tierras y Territorios, construcción de Paz, Equidad de Género, Compras Púbicas Sostenibles, etc.”
Dicho proyecto busca la garantía de un trabajo digno, decente, bien remunerado y con la opción de progresar y avanzar, mediante el impulso de la responsabilidad empresarial y la promoción de políticas públicas empresariales responsables con enfoque de Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible.
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Durante la jornada de socialización participaron funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca y el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), alcaldes, secretarios municipales, miembros de juntas de acción comunal, rectores y representantes de universidades, agremiaciones, Mypimes, sindicatos y sociedad civil.
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