La Procuraduría General de la Nación ha tomado medidas en contra de dos patrulleras del departamento de Policía de Cundinamarca, quienes habrían cometido irregularidades en la detención y captura de dos jóvenes en Soacha durante el paro nacional de 2021.
Según la Procuraduría Provincial de Instrucción de Fusagasugá, Liliana Marcela Piñeros Mora y Angie Michelle Durán Rico, quienes están adscritas a las estaciones de Policía León XIII y Chicó de Soacha, habrían incurrido en falta disciplinaria por omisión de sus funciones al privar de la libertad a los jóvenes sin que hubiera habido flagrancia o pruebas de su participación en alguna conducta delictual.
El Ministerio Público señaló que las patrulleras intervinieron de manera directa en los procedimientos de detención, sin presentar pruebas o aportar el nombre de algún testigo que pudiera validar las acusaciones. Además, llamó la atención sobre la similitud en la redacción de los hechos en ambos casos y la confusión en la descripción de los mismos por parte de las patrulleras.
La Procuraduría ha calificado provisionalmente esta presunta falta como “gravísima a título de culpa grave”, y ha iniciado un proceso de investigación para determinar las responsabilidades en este caso. Es importante destacar que el abuso de autoridad y la violación de derechos humanos son graves violaciones al Estado de derecho, y todas las acciones deben ser investigadas y sancionadas debidamente.
La detención y captura arbitraria de ciudadanos es inaceptable y va en contra de los principios fundamentales de justicia y derechos humanos. Por eso, es importante que las autoridades tomen medidas enérgicas para garantizar que estas violaciones no vuelvan a ocurrir.
Es importante destacar la importancia de la formación continua y la capacitación para los miembros de la Policía, ya que esto ayuda a prevenir y sancionar este tipo de violaciones. El respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho son fundamentales para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.
En resumen, La Procuraduría General de la Nación ha iniciado un proceso de investigación para establecer las responsabilidades en el caso de detención y captura arbitraria de dos jóvenes en Soacha durante el paro nacional de 2021. La presunta falta cometida por las patrulleras Liliana Marcela Piñeros Mora y Angie Michelle Durán Rico es calificada como “gravísima a título de culpa grave” y se espera que se tomen medidas enérgicas para garantizar que estas violaciones no vuelvan a ocurrir.
Es esencial que se respeten los derechos humanos y el Estado de derecho para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos, y para ello es necesario la formación continua y la capacitación de los miembros de la Policía.
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