El 06 de enero de 2023, la Alcaldía de Bogotá anunció la Resolución 1077, que estableció nuevas tarifas para el permiso de circulación conocido como “Pico y Placa Solidario”, según esta resolución se discrimina a los vehículos no registrados en Bogotá que deseen circular por la ciudad, ya que tendrán que pagar un 20% adicional en comparación con los vehículos registrados en el distrito.
Esta medida ha generado polémica y ha sido cuestionada por el diputado de Cundinamarca, Wilson Flórez, quien presentó una demanda de nulidad ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Flórez argumenta que esta resolución es discriminatoria, antitécnica, inequitativa e inconstitucional, ya que impone costos adicionales a los ciudadanos que viven en el área rural y tienen que desplazarse a Bogotá.
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Pico y Placa Solidario discrimina y va en contra de la integración de la Región Metropolitana
El diputado Flórez denuncia que esta medida es contraria a los discursos sobre la integración de la Región Metropolitana, que promueven “la equidad y la eliminación de imposiciones dominantes”. Según Flórez, el cobro del 20% adicional por el “Pico y Placa Solidario” a los vehículos registrados en Cundinamarca es un invento de la actual administración distrital y resulta discriminatorio para los ciudadanos rurales.
Además, Flórez señala que, según los estudios de la Secretaría de Transporte de Bogotá, el 80% de los vehículos que utilizan este permiso están registrados en la capital, lo que indica que son los vehículos de Bogotá los que generan mayores impactos negativos en el distrito. Por tanto, esta política fiscal resulta antitécnica, ya que se cobra más a quienes tienen menos recursos.
En pocas palabras
En conclusión, la medida del “Pico y Placa Solidario” resulta una política fiscal discriminatoria que perjudica a la población rural y va en contra de los discursos de integración y equidad de la Región Metropolitana. Se espera que la alcaldesa Claudia López rectifique su postura y tome medidas más coherentes con la integración regional.
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