El municipio de Soacha se prepara para dar un paso trascendental en el fortalecimiento institucional, con la construcción y dotación de una moderna sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que contará con laboratorios especializados en genética y antropología forense, esenciales para apoyar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la búsqueda de personas desaparecidas.
Un proyecto al servicio de la justicia y los derechos humanos
La nueva sede, ubicada sobre la Autopista Sur, tendrá cuatro pisos, sótano y cuarto de máquinas, y representará un avance histórico para la investigación criminal y la atención forense en la región.
El Gobierno de la Ciudad, liderado por el alcalde Víctor Julián Sánchez ‘Perico’, radicó ante el Concejo Municipal el proyecto que autoriza la entrega de un predio de 1.966 metros cuadrados a Medicina Legal, permitiendo la consolidación de una infraestructura moderna, equipada y al servicio de la justicia.
“Con este paso, Soacha reafirma su compromiso con la verdad, la reparación y el fortalecimiento institucional. Esta sede fortalecerá el trabajo de los organismos judiciales y contribuirá a garantizar el acceso a la justicia para toda la comunidad”, destacó el alcalde Víctor Julián Sánchez ‘Perico’.
Inversión y alcance regional
El proyecto, gestionado directamente por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, fue catalogado como una prioridad estratégica dentro de las iniciativas de impacto regional.
Con una inversión total de $35.608 millones y vigencias presupuestales hasta 2028, la nueva sede permitirá el desarrollo integral de la obra y su plena dotación tecnológica y científica.
Además de fortalecer la capacidad investigativa en Soacha, esta sede beneficiará a los municipios vecinos del sur de Cundinamarca, mejorando los tiempos de respuesta en investigaciones judiciales, identificación de víctimas y atención a familiares en procesos de búsqueda.
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Compromiso con la verdad y la memoria
El Gobierno de Soacha reafirma que esta gestión no solo representa una inversión en infraestructura, sino también un acto de compromiso con los derechos humanos y la justicia restaurativa.
La presencia de laboratorios de genética y antropología forense permitirá avanzar en la identificación de personas desaparecidas y aportar a los procesos de reparación y verdad impulsados por la JEP.
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