Falta de alimentos, desabastecimiento de combustible y afectaciones al sector lechero, educativo y sanitario, entre los impactos más graves.
La Gobernación de Cundinamarca activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para evaluar el estado de orden público en el departamento ante los bloqueos viales liderados por el sector minero, que ya afectan a por lo menos cinco municipios: Lenguazaque, Villapinzón, Tausa, Ubaté y Guachetá.
Escasez de alimentos y pérdidas en el campo
Los bloqueos han comenzado a generar una seria escasez de alimentos, sumado a una especulación de precios en los productos de primera necesidad. Uno de los sectores más golpeados es el lechero, que reporta la pérdida de miles de litros de leche debido a la imposibilidad de transportarlos. Asimismo, productores de papa y otros alimentos agropecuarios denuncian una grave afectación económica por las restricciones de movilidad.
Reportes de violencia y crisis en la educación
Durante la jornada del PMU, se conocieron informes de hechos violentos y daños al patrimonio, atribuidos a algunos manifestantes. Estos incidentes ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes y se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación.
Además, los bloqueos impiden el paso de rutas escolares y docentes, afectando gravemente el desarrollo de las jornadas académicas. También se ha interrumpido el suministro del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en varias instituciones educativas.
Citas médicas y recolección de basuras, paralizadas
Otro grupo especialmente afectado es el de los adultos mayores, quienes no han podido asistir a sus citas médicas debido a las restricciones de paso. Igualmente, la imposibilidad de movilizar los residuos sólidos y orgánicos ha encendido las alertas sanitarias en los municipios afectados, que reportan el inicio de una crisis de salubridad por la acumulación de basura.
Gobernación pide corredores humanitarios y diálogo
Ante este panorama, la Gobernación de Cundinamarca solicitó a los once municipios de la zona minera mantener activos sus respectivos PMU y buscar salidas concertadas a través del diálogo institucional, para establecer corredores humanitarios que permitan mitigar los efectos más graves de la protesta.
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“Protegemos el derecho a la manifestación pública y pacífica, pero también defendemos los derechos fundamentales de quienes no hacen parte de la protesta”, indicó la administración departamental en su pronunciamiento oficial.
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