El pasado miércoles el Senador Antonio Sanguino de Alianza Verde, junto con 19 congresistas de oposición, presentaron una iniciativa que propone declarar el 20 de septiembre como día conmemorativo de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y rinde homenaje público a la Fundación Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO). Se pretende rendir homenaje mediante un monumento y acto solemne organizado por el Gobierno nacional y el Congreso de la República.
De acuerdo a lo expresado en el texto, se buscará exaltar la memoria de los asesinados de forma sistemática e ilegítima por miembros del Ejército Nacional, quienes fueron presentados como guerrilleros o paramilitares dados de baja en combate. Las Madres de Soacha han persistido en el esclarecimiento de la verdad durante más de una decada, le han exigido al estado colombiano justicia, reparación, garantías de no repetición y la dignificación de la memoria de sus hijos y familiares, quienes de forma injusta y arbitraria fueron señalados como miembros de grupos armados ilegales.
Según lo demostrado por la justicia, el modus operandi de estas ejecuciones consistía en identificar a sus víctimas en comunidades vulnerables; como campesinos, habitantes de calle, dirigentes sindicales, líderes sociales, jóvenes en busca de trabajo, entre otros. Los reclutadores les ofrecían supuestas oportunidades laborales a las afueras de la ciudad, luego de convencerlos eran llevados y posteriormente asesinados por los militares de cada zona. Después, los vestían de guerrilleros, simulando un escenario ficticio de combate con fines perversos.
El Proyecto de Ley ordena la construcción de un monumento homenaje que incluirá el nombre de cada una de las víctimas en una placa, su presentación será en acto público y ceremonia especial. La Fundación (MAFAPO) se constituyó para el año 2008, donde madres y familiares víctimas de falsos positivos se unieron como ejemplo de organización civil; varias Madres se esta Fundación han sufrido otras violaciones a sus derechos humanos, como el desplazamiento forzado, la revictimización o las condiciones económicas que les dificultan acceder a los servicios básicos.
Conforme a lo dispuesto en el documento radicado en el Congreso, entre el año 2014 se tenía el conocimiento de aproximadamente 3.000 a 5.000 casos de “muertes ilegitimamente presentadas como bajas de combate por agentes del Estado”, alrededor de 5.626 personas entre militares y civiles han sido implicados de manera directa con estas ejecuciones. Esto constituye a una herida que sigue abierta para miles de familias, donde en su mayoría son casos sin resolver.
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Para Antonio Sanguino autor del proyecto “se busca dignificar la memoria de 21 hombres cuyos cuerpos fueron encontrados, en su mayoría, en el municipio de Ocaña en Santander y asesinados entre el año 2004 y 2008”. Este tipo de iniciativas rinden memoria a la construcción, a la verdad, a la justicia, a la reparación de hechos que han recrudecido las desigualdades sociales en Colombia, lo cual permite avanzar en la consolidación de la paz.
A la propuesta le esperan cuatro debates en el Congreso para convertirse en Ley de la República.
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